Las empresas catalogadas como prioridad 3 tendrán que presentar la garantía financiera antes de 2 años
La cuantía de la garantía debe fijarse mediante un Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA).
El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el calendario al que deben ceñirse las empresas catalogadas como prioridad 3 en la Orden ARM/17783/2011, de 22 de junio, para presentar la garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que desarrollan. Estas compañías tienen un plazo de dos años, hasta el 16 de octubre de 2021, para presentar esta garantía. La única excepción son las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos, en cuyo caso el plazo se extiende a 3 años, hasta octubre de 2022.
La garantía financiera es un mecanismo que permite asegurar que las empresas potencialmente contaminantes podrán hacer frente a las medidas necesarias para paliar a los daños medioambientales que pudieran causar debido a su actividad. Entre estas medidas se contemplan aquellas necesarias para prevenirlos o, cuando el daño se haya producido, para limitarlo y evitar que se produzcan nuevos daños, así como devolver los recursos naturales dañados a al estado en el que se encontraban antes de que ocurriera el daño.
La obligatoriedad de disponer de esta garantía financiera para las empresas con riesgo ambiental se recoge en la Ley 26/2007, que indica que la cuantía de esa garantía se establece a partir de un Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA), que debe hacerse a través de una entidad acreditada, como es ESOLVE.
Las actividades quedan clasificadas por prioridades en la norma y cada grupo tiene un calendario a cumplir. Mientras que el plazo para las actividades catalogadas como prioridad 1 expiró hace un año, el de las de prioridad 2 vence a finales de este octubre.
En la catalogación de prioridad 3 se encuentran las industrias textil, del cuero, mineral, derivada de la madera, del carbón y agroalimentaria y ganadera, así como el consumo de disolventes orgánicos, el tratamiento de aguas, la captura de CO2 e instalaciones de residuos mineros de categoría A. También están incluidas algunas empresas de instalaciones de combustión, producción y fabricación de metales, gestión de residuos e industria química, aunque con especificaciones.
La presentación de esta garantía financiera es obligatoria y su no constitución puede ser considerada infracción grave, lo que supondría multas de entre 50.000 y 2 millones de euros y la extinción o suspensión de la autorización por un periodo de 1 a 2 años.
ESOLVE ofrece sus servicios a las empresas de diferentes sectores para evaluar y dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Medioambiental y para realizar los Análisis de Riesgos correspondientes, servicio en el que la consultoría es experta. Además, brinda la posibilidad de implantar un programa de mejora ambiental para mitigar los riesgos identificados y así minimizar responsabilidades futuras.